En política, como en guerra, no todas las batallas se libran
con fusiles. Algunas se disputan en el terreno más delicado de la memoria
histórica. Y es allí, precisamente, donde resuena con escalofriante actualidad
una advertencia del Libertador Simón Bolívar, escrita en 1819 desde el exilio
de Santa Fe de Bogotá: "La clemencia
mal entendida fue una de las causas de la ruina de la Primera República. A cada
perdón venía una nueva rebelión, y a esta un nuevo perdón, hasta que agotados
los recursos del Estado y la paciencia pública, vino la destrucción inevitable".
Bolívar no condenaba el perdón en sí. Condenaba su
aplicación desprovista de garantías estructurales. Y es esa distinción —sutil
pero letal— la que hoy nos interpela frente al debate sobre amnistías y
reconciliación en Venezuela.
El precedente de
2002: clemencia sin blindaje
El 11 de abril de 2002, tras el golpe de Estado que lo sacó
brevemente del poder, Hugo Chávez optó por una decisión que muchos celebraron
como gesto magnánimo: otorgó amnistía a los militares y civiles involucrados en
la sublevación. Pedro Carmona, Carlos Ortega, Daniel Romero y decenas de
oficiales golpistas recuperaron su libertad sin juicio político ni sanción
administrativa.
La lógica era comprensible: evitar la fractura irreversible
de las Fuerzas Armadas, tejer unidad nacional, demostrar superioridad moral
frente a la venganza. Pero faltó un elemento crucial: mecanismos de contención
que impidieran la reiteración del golpismo bajo nuevas formas.
Siete meses después, en diciembre de 2002, ese mismo grupo
—reforzado con sectores empresariales y sindicales— orquestó el paro petrolero
que paralizó al país durante dos meses. No fue un acto espontáneo: fue una
operación coordinada con apoyo logístico y financiero externo, documentada por
investigaciones del Centro de Investigación y Documentación de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) y por testimonios de funcionarios estadounidenses
como Roger Noriega, quien admitió en 2005 haber facilitado recursos a la
oposición durante ese período.
Luego vinieron los acaparamientos sistemáticos (2006-2008),
las guarimbas de 2014 y 2017 —con saldo de más de 130 muertos según la Fiscalía
General—, y el intento de ingreso de "ayuda humanitaria" en 2019, que
el Tribunal Supremo de Justicia identificó como operación de desestabilización
con apoyo de inteligencia extranjera.
La evidencia está en las redes, sí. Pero también en los
archivos del Ministerio Público, en las sentencias del TSJ y en los informes de
la Contraloría General que documentan cómo los mismos actores, amnistiados una
y otra vez, transitaron del golpe militar al sabotaje económico, de la
violencia callejera al asedio diplomático.
Bolívar no temía
perdonar; temía perdonar sin soberanía consolidada
Es fundamental no descontextualizar la advertencia
bolivariana. Bolívar no era un vengador sediento de sangre. En Angostura (1819)
propuso amnistías generales siempre que se acompañaran de:
1. Desarme efectivo de los sectores rebeldes;
2. Reconfiguración institucional que eliminara focos de
poder paralelo;
3. Construcción de un ejército patriota leal a la República,
no a caudillos locales;
4. Soberanía económica que rompiera la dependencia de élites
comerciales aliadas al imperio español.
En otras palabras: Bolívar entendía que el perdón político
solo es viable cuando el Estado —y más aún, el poder popular— ha consolidado su
capacidad de disuasión. Sin esa base material, la clemencia se convierte en
señal de debilidad percibida por el adversario, quien la interpreta no como
generosidad, sino como oportunidad para una nueva ofensiva.
El dilema actual:
¿clemencia estratégica o ingenuidad histórica?
Hoy enfrentamos una encrucijada similar. Frente a propuestas
de amnistía amplia como vía para "normalizar" relaciones
internacionales, debemos formularnos preguntas incómodas pero necesarias:
- ¿Qué garantías institucionales existen para impedir que
quienes han promovido golpes, guarimbas y sabotajes económicos —documentados en
expedientes judiciales— no repitan esas acciones bajo nuevas modalidades?
- ¿Se ha consolidado el poder popular al punto de constituir
un contrapeso material frente a intentos de desestabilización? Las comunas, los
consejos comunales, las empresas de producción social: ¿tienen control real
sobre recursos estratégicos, circuitos de distribución y seguridad territorial?
- ¿La amnistía actual responde a una posición de fuerza
negociadora —como la de Mandela tras 27 años de cárcel y con el ANC
fortalecido— o a una posición de debilidad ante presiones externas?
La historia no se repite, decía Marx, pero sí se repite como
farsa. Y la farsa más peligrosa sería creer que perdonar sin blindaje
estratégico nos conducirá a la reconciliación, cuando la evidencia histórica
muestra que conduce a nuevas rebeliones —ahora potenciadas por el respaldo
explícito de una potencia que jamás ha ocultado su objetivo de "cambio de
régimen" en Venezuela.
Hacia una clemencia
con dientes: el poder popular como condición
No se trata de abogar por el rencor permanente. Se trata de
defender una premisa estratégica elemental: la reconciliación genuina solo es
posible desde la fortaleza, no desde la vulnerabilidad.
Una amnistía responsable debería cumplir, como mínimo, estos
criterios:
1. No ser unilateral: Debe negociarse desde una posición de
soberanía consolidada, no como concesión bajo presión.
2. Exigir contrapartidas materiales: Compromisos públicos de
no injerencia, desmantelamiento de estructuras paralelas de poder,
participación en procesos de verdad con enfoque restaurativo.
3. Fortalecer previamente el poder popular: Antes de
cualquier gesto de apertura, consolidar el control comunal sobre alimentos,
medicinas, energía y seguridad local. Un pueblo organizado es la mejor garantía
contra la reiteración del golpismo.
4. Diferenciar niveles de responsabilidad: No es lo mismo un
joven cooptado en una guarimba que un operador financiado por agencias
extranjeras para desestabilizar el país. La justicia restaurativa exige
matices, no amnistías indiscriminadas.
La
lección que Bolívar nos legó no es el rencor, sino la prudencia
El Libertador no nos dejó como herencia el odio. Nos dejó
una lección de realismo político: la clemencia sin soberanía consolidada es un
boomerang que regresa con mayor violencia.
Chávez perdonó en 2002 movido por una ética revolucionaria
admirable. Pero omitió blindar institucionalmente ese perdón. El resultado:
siete meses después, el mismo sector orquestó el sabotaje petrolero más grave
de nuestra historia republicana.
Hoy, frente a nuevas propuestas de amnistía, no se trata de
negar el diálogo. Se trata de recordar que el perdón político no es un acto
moral aislado; es una decisión estratégica que debe evaluarse bajo una sola
lupa: ¿fortalece o debilita la capacidad del pueblo para defender su soberanía?
Mientras las comunas no controlen efectivamente los recursos
de sus territorios, mientras los consejos comunales no tengan poder real sobre
la distribución de alimentos y medicinas, mientras el poder popular siga siendo
retórica más que materialidad, cualquier amnistía amplia corre el riesgo de
convertirse en la antesala de una nueva rebelión —esta vez con el respaldo
explícito de un imperio que jamás ha renunciado a sus ambiciones sobre
Venezuela.
Bolívar lo advirtió hace dos siglos. Chávez lo experimentó
en carne propia en 2002-2003. La historia no nos condena a repetir errores.
Pero exige que leamos sus lecciones sin ingenuidad ni dogmatismo. Con la
memoria viva y la estrategia despierta.
Porque no se trata de no perdonar. Se trata de perdonar desde
la fuerza, no desde la debilidad. Y esa fuerza solo la construye un pueblo
organizado, con el control de su territorio y su destino en sus propias manos.
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