La nueva etapa de la revolución

La revolución y sus ciclos, sus avances y sus retrocesos. En ese bamboleo escucho las palabras duras y tristes del hijo de la panadera cuando era entregado en el puerto de La Guaira por los patriotas de aquella época; Francisco de Miranda, el Gran Precursor, exclamaba: «¡Bochinche, bochinche! Este pueblo es puro bochinche».

Y hoy, como en una novela de Gabo —cien años de soledad—, pareciera que sobre nuestra América pesara una maldición que no permitiera romper el ciclo, como si estuviéramos obligados a repetirlo.

El 3 de enero, entre llantos y sobresaltos, se llevaron a nuestro presidente y líder, secuestrado y humillado, y con él toda nuestra patria, todo nuestro gentilicio. Todo quedó enmudecido. Se nos pidió callar, se nos pidió no pensar, no analizar, pues dudar, pensar o analizar era traición.

Y desde el gobierno se impusieron cambios, con la excusa de que los aviones del imperio, con sus misiles, estaban ya casi sobre nosotros, listos para desatar un infierno de muerte y destrucción.

Perdimos la independencia, el manejo soberano de nuestros recursos. Perdimos la brújula, y el gran faro de libertad que éramos se apagó.

Y esto lo escribo, lo digo con tristeza, pero con el ánimo de buscar salidas, de romper el maleficio, de reencontrarnos y ser nuevamente los hijos e hijas de Bolívar, indómitos, indomables, fuentes de inspiración y de las más grandes proezas; de que eso deje de ser una consigna más y se convierta en acción transformadora.

Hoy llamo y convoco, primero, a los espíritus de nuestros ancestros aborígenes y de los negros traídos como esclavos; a los marginados de la periferia; a los que, ya visibilizados, no queremos regresar a las sombras, al ostracismo ni al oscurantismo. No es hora de tender las hamacas: es la hora del coraje, de la valentía y del combate por recuperar nuestra amada patria.

Seis meses

A meses de los funesto sucesos del 3 de enero donde perdieron la vida más de 100 personas, entre militares y civiles, la ausencia de un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido - y sobre la inactivación de las defensas aéreas y el protocolo de seguridad del presidente Nicolás Maduro— es ensordecedora. Este silencio ha dejado que el imaginario popular sea quien, poco a poco, intente reconstruir las trágicas horas del secuestro presidencial.

No existe una versión oficial ni responsabilidades asumidas. En el alto gobierno nadie ha puesto su cargo a disposición, bajo la excusa de preservar la unidad política. No obstante, la historia de nuestra revolución nos enseña que esta surgió precisamente porque alguien, por primera vez, tuvo la valentía de asumir la responsabilidad de un levantamiento militar fallido. De ese modo irrumpió el comandante Chávez en la vida política de la nación.

Lamentablemente, a quienes demandan claridad se les estigmatiza como trotskistas, herejes o entregados al imperio, silenciando así el debate y la crítica, pilares de cualquier proceso revolucionario.

Y esa crítica es vital. Lo ocurrido a posteriori —las leyes exprés de hidrocarburos y minería, entre otras acciones del gobierno encargado— se han presentado como medidas necesarias, bajo el concepto de flexibilidad táctica, sin embargo encajan en la conocida "doctrina del shock". Preludio de la privatización y el retorno al modelo de vasallaje que, como advertía el comandante Chávez, siempre estará al acecho.

Nos inquieta el mutismo. El venezolano ha desarrollado una madurez política y una resiliencia racional: sabe comprender, abordar con altura y actuar en consecuencia. Subestimar al pueblo tratándolo como un niño es un error mayúsculo de la dirigencia.

Continuamos analizando, con la esperanza de que el pueblo venezolano levante la voz que Chávez nos devolvió, para exigir respuestas, sin importar cuán dolorosas puedan ser.

PROHIBIDO ABANDONAR A CUBA

El 3 de enero de 2026 quedará grabado en la historia como el día en que 32 combatientes cubanos dieron su vida defendiendo al presidente Nicolás Maduro en territorio venezolano. El Gobierno de Cuba confirmó oficialmente estas muertes y repatrió los restos con honores. Apenas semanas después, Venezuela decidió cesar el envío de petróleo a Cuba, el cual representaba aproximadamente el 30% de las necesidades energéticas de la isla. La pregunta quema en el alma de millones: ¿fueron en vano esas 32 vidas?

Cuba, a pesar del bloqueo económico ilegal impuesto por Estados Unidos durante más de seis décadas, nunca abandonó a Venezuela. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, la isla envió miles de médicos, educadores y técnicos para trabajar en las comunidades más vulnerables del país. Nunca hubo condición. Nunca hubo precio. Nunca hubo abandono. Cuando Venezuela enfrentó sus momentos más oscuros —golpes de estado, sabotajes económicos, amenazas militares— Cuba estuvo allí. Sin dudar. Sin calcular.

Este abandono contradice frontalmente los principios bolivarianos y chavistas que predican la solidaridad inquebrantable. Simón Bolívar soñó con una Patria Grande unida; Hugo Chávez y Fidel Castro se juraron lealtad eterna. Los principios del pensamiento bolivariano incluyen equidad, inclusión, participación y, sobre todo, solidaridad. ¿Dónde queda esa solidaridad cuando el hermano está en la hora más oscura? Si Cuba cae, Venezuela pierde su principal aliado regional y envía un mensaje devastador a Nicaragua, Bolivia y todos los gobiernos progresistas de América Latina.

La verdadera prueba de los principios no es en la abundancia, sino en la adversidad. Pensar que las potencias extranjeras permitirán mayor tranquilidad por este gesto es no comprender cómo funciona el sistema internacional: las concesiones se interpretan como debilidad, no como paz. Cuba ya registra apagones totales y niveles récord de escasez energética. Millones de civiles cubanos no tienen responsabilidad en las decisiones gubernamentales venezolanas, pero pagarán el precio.

Cuba no abandonó a Venezuela cuando el imperio presionaba, cuando el petróleo era escaso, cuando 32 de sus hijos cayeron defendiendo la revolución. Venezuela no tiene derecho moral de abandonar a Cuba ahora. La historia nos juzgará: ¿seremos recordados como los que traicionaron la solidaridad o como los que permanecieron leales? No abandonar a Cuba no es una opción. Es un deber histórico. La verdadera independencia de América Latina se construye con lealtad, no con traición. Con solidaridad, no con cálculo. Con memoria, no con olvido.

Perdón y Poder: Cuando la Clemencia se Convierte en Vulnerabilidad Estratégica

En política, como en guerra, no todas las batallas se libran con fusiles. Algunas se disputan en el terreno más delicado de la memoria histórica. Y es allí, precisamente, donde resuena con escalofriante actualidad una advertencia del Libertador Simón Bolívar, escrita en 1819 desde el exilio de Santa Fe de Bogotá: "La clemencia mal entendida fue una de las causas de la ruina de la Primera República. A cada perdón venía una nueva rebelión, y a esta un nuevo perdón, hasta que agotados los recursos del Estado y la paciencia pública, vino la destrucción inevitable".

Bolívar no condenaba el perdón en sí. Condenaba su aplicación desprovista de garantías estructurales. Y es esa distinción —sutil pero letal— la que hoy nos interpela frente al debate sobre amnistías y reconciliación en Venezuela.

El precedente de 2002: clemencia sin blindaje

El 11 de abril de 2002, tras el golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder, Hugo Chávez optó por una decisión que muchos celebraron como gesto magnánimo: otorgó amnistía a los militares y civiles involucrados en la sublevación. Pedro Carmona, Carlos Ortega, Daniel Romero y decenas de oficiales golpistas recuperaron su libertad sin juicio político ni sanción administrativa.

La lógica era comprensible: evitar la fractura irreversible de las Fuerzas Armadas, tejer unidad nacional, demostrar superioridad moral frente a la venganza. Pero faltó un elemento crucial: mecanismos de contención que impidieran la reiteración del golpismo bajo nuevas formas.

Siete meses después, en diciembre de 2002, ese mismo grupo —reforzado con sectores empresariales y sindicales— orquestó el paro petrolero que paralizó al país durante dos meses. No fue un acto espontáneo: fue una operación coordinada con apoyo logístico y financiero externo, documentada por investigaciones del Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y por testimonios de funcionarios estadounidenses como Roger Noriega, quien admitió en 2005 haber facilitado recursos a la oposición durante ese período.

Luego vinieron los acaparamientos sistemáticos (2006-2008), las guarimbas de 2014 y 2017 —con saldo de más de 130 muertos según la Fiscalía General—, y el intento de ingreso de "ayuda humanitaria" en 2019, que el Tribunal Supremo de Justicia identificó como operación de desestabilización con apoyo de inteligencia extranjera.

 La evidencia está en las redes, sí. Pero también en los archivos del Ministerio Público, en las sentencias del TSJ y en los informes de la Contraloría General que documentan cómo los mismos actores, amnistiados una y otra vez, transitaron del golpe militar al sabotaje económico, de la violencia callejera al asedio diplomático.

Bolívar no temía perdonar; temía perdonar sin soberanía consolidada

Es fundamental no descontextualizar la advertencia bolivariana. Bolívar no era un vengador sediento de sangre. En Angostura (1819) propuso amnistías generales siempre que se acompañaran de:

1. Desarme efectivo de los sectores rebeldes;

2. Reconfiguración institucional que eliminara focos de poder paralelo;

3. Construcción de un ejército patriota leal a la República, no a caudillos locales;

4. Soberanía económica que rompiera la dependencia de élites comerciales aliadas al imperio español.

En otras palabras: Bolívar entendía que el perdón político solo es viable cuando el Estado —y más aún, el poder popular— ha consolidado su capacidad de disuasión. Sin esa base material, la clemencia se convierte en señal de debilidad percibida por el adversario, quien la interpreta no como generosidad, sino como oportunidad para una nueva ofensiva.

El dilema actual: ¿clemencia estratégica o ingenuidad histórica?

Hoy enfrentamos una encrucijada similar. Frente a propuestas de amnistía amplia como vía para "normalizar" relaciones internacionales, debemos formularnos preguntas incómodas pero necesarias:

- ¿Qué garantías institucionales existen para impedir que quienes han promovido golpes, guarimbas y sabotajes económicos —documentados en expedientes judiciales— no repitan esas acciones bajo nuevas modalidades?

- ¿Se ha consolidado el poder popular al punto de constituir un contrapeso material frente a intentos de desestabilización? Las comunas, los consejos comunales, las empresas de producción social: ¿tienen control real sobre recursos estratégicos, circuitos de distribución y seguridad territorial?

- ¿La amnistía actual responde a una posición de fuerza negociadora —como la de Mandela tras 27 años de cárcel y con el ANC fortalecido— o a una posición de debilidad ante presiones externas?

La historia no se repite, decía Marx, pero sí se repite como farsa. Y la farsa más peligrosa sería creer que perdonar sin blindaje estratégico nos conducirá a la reconciliación, cuando la evidencia histórica muestra que conduce a nuevas rebeliones —ahora potenciadas por el respaldo explícito de una potencia que jamás ha ocultado su objetivo de "cambio de régimen" en Venezuela.

 Hacia una clemencia con dientes: el poder popular como condición

No se trata de abogar por el rencor permanente. Se trata de defender una premisa estratégica elemental: la reconciliación genuina solo es posible desde la fortaleza, no desde la vulnerabilidad.

Una amnistía responsable debería cumplir, como mínimo, estos criterios:

1. No ser unilateral: Debe negociarse desde una posición de soberanía consolidada, no como concesión bajo presión.

2. Exigir contrapartidas materiales: Compromisos públicos de no injerencia, desmantelamiento de estructuras paralelas de poder, participación en procesos de verdad con enfoque restaurativo.

3. Fortalecer previamente el poder popular: Antes de cualquier gesto de apertura, consolidar el control comunal sobre alimentos, medicinas, energía y seguridad local. Un pueblo organizado es la mejor garantía contra la reiteración del golpismo.

4. Diferenciar niveles de responsabilidad: No es lo mismo un joven cooptado en una guarimba que un operador financiado por agencias extranjeras para desestabilizar el país. La justicia restaurativa exige matices, no amnistías indiscriminadas.

La lección que Bolívar nos legó no es el rencor, sino la prudencia

El Libertador no nos dejó como herencia el odio. Nos dejó una lección de realismo político: la clemencia sin soberanía consolidada es un boomerang que regresa con mayor violencia. 

Chávez perdonó en 2002 movido por una ética revolucionaria admirable. Pero omitió blindar institucionalmente ese perdón. El resultado: siete meses después, el mismo sector orquestó el sabotaje petrolero más grave de nuestra historia republicana.

Hoy, frente a nuevas propuestas de amnistía, no se trata de negar el diálogo. Se trata de recordar que el perdón político no es un acto moral aislado; es una decisión estratégica que debe evaluarse bajo una sola lupa: ¿fortalece o debilita la capacidad del pueblo para defender su soberanía?

Mientras las comunas no controlen efectivamente los recursos de sus territorios, mientras los consejos comunales no tengan poder real sobre la distribución de alimentos y medicinas, mientras el poder popular siga siendo retórica más que materialidad, cualquier amnistía amplia corre el riesgo de convertirse en la antesala de una nueva rebelión —esta vez con el respaldo explícito de un imperio que jamás ha renunciado a sus ambiciones sobre Venezuela.

Bolívar lo advirtió hace dos siglos. Chávez lo experimentó en carne propia en 2002-2003. La historia no nos condena a repetir errores. Pero exige que leamos sus lecciones sin ingenuidad ni dogmatismo. Con la memoria viva y la estrategia despierta.

Porque no se trata de no perdonar. Se trata de perdonar desde la fuerza, no desde la debilidad. Y esa fuerza solo la construye un pueblo organizado, con el control de su territorio y su destino en sus propias manos.

La doctrina del shock en el corazón del petróleo: la reforma de la Ley de Hidrocarburos como oportunidad para el capital

El 29 de enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Presentada como una medida técnica para “reactivar la producción” y “atraer inversión extranjera”, la reforma introduce cambios profundos: flexibiliza las condiciones económicas de los proyectos, amplía beneficios fiscales y parafiscales, y reduce el control parlamentario sobre los contratos petroleros . En un contexto de crisis energética, escasez de divisas y sanciones internacionales, la medida se vende como la única salida viable.

Pero si miramos con lupa a través de la lente de Naomi Klein, esta reforma no es una simple actualización legal. Es un caso clásico de lo que ella denomina la “doctrina del shock”: la estrategia sistemática de aprovecharse del caos colectivo —ya sea provocado por una guerra, un desastre natural o una crisis económica— para imponer políticas neoliberales que, en tiempos normales, serían rechazadas por la población 

Klein argumenta que el capitalismo del desastre no espera a que las sociedades se recuperen; actúa en el momento preciso de la desorientación, cuando la gente está demasiado ocupada sobreviviendo como para defender sus derechos colectivos. En Venezuela, tras años de bloqueo, sabotaje económico y ahora una agresión militar directa —la Operación Absolute Resolve del 3 de enero—, el país se encuentra en un estado de shock prolongado. Es en ese vacío de certeza donde se introduce una reforma que, lejos de fortalecer la soberanía energética, abre las puertas al control privado y extranjero de nuestro recurso estratégico más importante.

La nueva ley permite la figura de los “Contratos de Participación Productiva”, que otorgan a empresas transnacionales una participación directa en la renta petrolera, algo que la Constitución de 1999 y la legislación anterior habían limitado rigurosamente para preservar el carácter público del subsuelo. Además, al reducir la supervisión parlamentaria, se debilita uno de los pocos mecanismos de rendición de cuentas que quedaban en el sector.

Esto no es “pragmatismo”. Es desposesión estructural disfrazada de urgencia. Porque mientras se nos dice que “no hay otra opción”, se está construyendo un nuevo orden energético en el que el Estado venezolano deja de ser el dueño de su riqueza para convertirse en un socio menor de corporaciones globales.

La doctrina del shock siempre funciona así: primero viene la crisis, luego viene la “solución” que beneficia a los mismos que causaron o explotaron la crisis. Y mientras el pueblo lucha por gasolina, luz y trabajo, se le roba el futuro sin que casi se dé cuenta.

Pero la historia también enseña que el shock no es inevitable. Los pueblos pueden organizarse, resistir y exigir que las soluciones salgan desde abajo, no desde los despachos de consultoras internacionales. Defender la soberanía energética no es un lujo ideológico; es la base material de cualquier proyecto de independencia real.

Porque  como decía el Comandante Chávez, PDVSA es del PUEBLO.