«La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones.»Simón Bolívar
«La soberanía es el ejercicio pleno y absoluto del poder del pueblo para ser dueño de su propio destino.»
Hugo Chávez
Qué difícil resulta, en lo personal, celebrar la firma del contrato entre el Gobierno venezolano y el estadounidense, especialmente cuando representa una nueva afrenta a nuestra soberanía y dignidad.
Hay que decirlo con claridad: dentro de la política pragmática de supervivencia a la que hemos sido arrojados, se entiende cualquier gestión que nos permita organizarnos, ganar tiempo y alejar la amenaza militar. Sin embargo, de allí a mostrar entusiasmo o estar radiante alegría, hay un absurdo inconcebible.
Si con Chávez aprendimos que la soberanía es el ejercicio pleno y absoluto del poder popular para decidir nuestro destino, cabe preguntarse: ¿se firmó este acuerdo bajo ese ejercicio soberano o bajo la coerción impuesta a partir los hechos del 3 de enero? Si es esto último, no hay nada que festejar, aun cuando comprendamos las difíciles decisiones que, bajo franca amenaza, deba asumir la presidenta encargada.
Es un contrato injusto e írrito, originado en el chantaje militar. Para colmo, los recursos generados no ingresarán directamente al erario público nacional, sino a una cuenta administrada a discreción del propio Gobierno norteamericano.
Nuestra narrativa debe ser categórica para que el pueblo comprenda la realidad: somos víctimas del chantaje de una potencia extranjera que pretende imponer su voluntad. Ningún acuerdo comercial alcanzado en estas condiciones puede disfrazarse de victoria o motivo de orgullo, pues lleva impregnado el desprecio del agresor, evidente en la cobertura de las grandes corporaciones mediáticas.
Hoy, más que nunca, debemos llamar al imperio por su nombre y señalar a los responsables directos de nuestra precariedad. Frente a la agresión, suavizar el lenguaje no es diplomacia: es aceptar la sumisión colonial.
LA PASIÓN DE SER REVOLUCIONARIO Y CHAVISTA
lunes, 31 de agosto de 2026
El contrato petrolero, nada que festejar
jueves, 6 de agosto de 2026
La nueva etapa de la revolución
viernes, 12 de junio de 2026
Seis meses
jueves, 19 de marzo de 2026
PROHIBIDO ABANDONAR A CUBA
El 3 de enero de 2026 quedará grabado en la historia como el día en que 32 combatientes cubanos dieron su vida defendiendo al presidente Nicolás Maduro en territorio venezolano. El Gobierno de Cuba confirmó oficialmente estas muertes y repatrió los restos con honores. Apenas semanas después, Venezuela decidió cesar el envío de petróleo a Cuba, el cual representaba aproximadamente el 30% de las necesidades energéticas de la isla. La pregunta quema en el alma de millones: ¿fueron en vano esas 32 vidas?
Cuba, a pesar del bloqueo económico ilegal impuesto por Estados Unidos durante más de seis décadas, nunca abandonó a Venezuela. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, la isla envió miles de médicos, educadores y técnicos para trabajar en las comunidades más vulnerables del país. Nunca hubo condición. Nunca hubo precio. Nunca hubo abandono. Cuando Venezuela enfrentó sus momentos más oscuros —golpes de estado, sabotajes económicos, amenazas militares— Cuba estuvo allí. Sin dudar. Sin calcular.
Este abandono contradice frontalmente los principios bolivarianos y chavistas que predican la solidaridad inquebrantable. Simón Bolívar soñó con una Patria Grande unida; Hugo Chávez y Fidel Castro se juraron lealtad eterna. Los principios del pensamiento bolivariano incluyen equidad, inclusión, participación y, sobre todo, solidaridad. ¿Dónde queda esa solidaridad cuando el hermano está en la hora más oscura? Si Cuba cae, Venezuela pierde su principal aliado regional y envía un mensaje devastador a Nicaragua, Bolivia y todos los gobiernos progresistas de América Latina.
La verdadera prueba de los principios no es en la abundancia, sino en la adversidad. Pensar que las potencias extranjeras permitirán mayor tranquilidad por este gesto es no comprender cómo funciona el sistema internacional: las concesiones se interpretan como debilidad, no como paz. Cuba ya registra apagones totales y niveles récord de escasez energética. Millones de civiles cubanos no tienen responsabilidad en las decisiones gubernamentales venezolanas, pero pagarán el precio.
Cuba no abandonó a Venezuela cuando el imperio presionaba, cuando el petróleo era escaso, cuando 32 de sus hijos cayeron defendiendo la revolución. Venezuela no tiene derecho moral de abandonar a Cuba ahora. La historia nos juzgará: ¿seremos recordados como los que traicionaron la solidaridad o como los que permanecieron leales? No abandonar a Cuba no es una opción. Es un deber histórico. La verdadera independencia de América Latina se construye con lealtad, no con traición. Con solidaridad, no con cálculo. Con memoria, no con olvido.
sábado, 31 de enero de 2026
Perdón y Poder: Cuando la Clemencia se Convierte en Vulnerabilidad Estratégica
En política, como en guerra, no todas las batallas se libran con fusiles. Algunas se disputan en el terreno más delicado de la memoria histórica. Y es allí, precisamente, donde resuena con escalofriante actualidad una advertencia del Libertador Simón Bolívar, escrita en 1819 desde el exilio de Santa Fe de Bogotá: "La clemencia mal entendida fue una de las causas de la ruina de la Primera República. A cada perdón venía una nueva rebelión, y a esta un nuevo perdón, hasta que agotados los recursos del Estado y la paciencia pública, vino la destrucción inevitable".
Bolívar no condenaba el perdón en sí. Condenaba su aplicación desprovista de garantías estructurales. Y es esa distinción —sutil pero letal— la que hoy nos interpela frente al debate sobre amnistías y reconciliación en Venezuela.
El precedente de 2002: clemencia sin blindaje
El 11 de abril de 2002, tras el golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder, Hugo Chávez optó por una decisión que muchos celebraron como gesto magnánimo: otorgó amnistía a los militares y civiles involucrados en la sublevación. Pedro Carmona, Carlos Ortega, Daniel Romero y decenas de oficiales golpistas recuperaron su libertad sin juicio político ni sanción administrativa.
La lógica era comprensible: evitar la fractura irreversible de las Fuerzas Armadas, tejer unidad nacional, demostrar superioridad moral frente a la venganza. Pero faltó un elemento crucial: mecanismos de contención que impidieran la reiteración del golpismo bajo nuevas formas.
Siete meses después, en diciembre de 2002, ese mismo grupo —reforzado con sectores empresariales y sindicales— orquestó el paro petrolero que paralizó al país durante dos meses. No fue un acto espontáneo: fue una operación coordinada con apoyo logístico y financiero externo, documentada por investigaciones del Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y por testimonios de funcionarios estadounidenses como Roger Noriega, quien admitió en 2005 haber facilitado recursos a la oposición durante ese período.
Luego vinieron los acaparamientos sistemáticos (2006-2008), las guarimbas de 2014 y 2017 —con saldo de más de 130 muertos según la Fiscalía General—, y el intento de ingreso de "ayuda humanitaria" en 2019, que el Tribunal Supremo de Justicia identificó como operación de desestabilización con apoyo de inteligencia extranjera.
Bolívar no temía perdonar; temía perdonar sin soberanía consolidada
Es fundamental no descontextualizar la advertencia bolivariana. Bolívar no era un vengador sediento de sangre. En Angostura (1819) propuso amnistías generales siempre que se acompañaran de:
1. Desarme efectivo de los sectores rebeldes;
2. Reconfiguración institucional que eliminara focos de
poder paralelo;
3. Construcción de un ejército patriota leal a la República,
no a caudillos locales;
4. Soberanía económica que rompiera la dependencia de élites comerciales aliadas al imperio español.
En otras palabras: Bolívar entendía que el perdón político solo es viable cuando el Estado —y más aún, el poder popular— ha consolidado su capacidad de disuasión. Sin esa base material, la clemencia se convierte en señal de debilidad percibida por el adversario, quien la interpreta no como generosidad, sino como oportunidad para una nueva ofensiva.
El dilema actual:
¿clemencia estratégica o ingenuidad histórica?
Hoy enfrentamos una encrucijada similar. Frente a propuestas de amnistía amplia como vía para "normalizar" relaciones internacionales, debemos formularnos preguntas incómodas pero necesarias:
- ¿Qué garantías institucionales existen para impedir que quienes han promovido golpes, guarimbas y sabotajes económicos —documentados en expedientes judiciales— no repitan esas acciones bajo nuevas modalidades?
- ¿Se ha consolidado el poder popular al punto de constituir
un contrapeso material frente a intentos de desestabilización? Las comunas, los
consejos comunales, las empresas de producción social: ¿tienen control real
sobre recursos estratégicos, circuitos de distribución y seguridad territorial?
- ¿La amnistía actual responde a una posición de fuerza
negociadora —como la de Mandela tras 27 años de cárcel y con el ANC
fortalecido— o a una posición de debilidad ante presiones externas?
La historia no se repite, decía Marx, pero sí se repite como farsa. Y la farsa más peligrosa sería creer que perdonar sin blindaje estratégico nos conducirá a la reconciliación, cuando la evidencia histórica muestra que conduce a nuevas rebeliones —ahora potenciadas por el respaldo explícito de una potencia que jamás ha ocultado su objetivo de "cambio de régimen" en Venezuela.
No se trata de abogar por el rencor permanente. Se trata de defender una premisa estratégica elemental: la reconciliación genuina solo es posible desde la fortaleza, no desde la vulnerabilidad.
Una amnistía responsable debería cumplir, como mínimo, estos criterios:
1. No ser unilateral: Debe negociarse desde una posición de soberanía consolidada, no como concesión bajo presión.
2. Exigir contrapartidas materiales: Compromisos públicos de
no injerencia, desmantelamiento de estructuras paralelas de poder,
participación en procesos de verdad con enfoque restaurativo.
3. Fortalecer previamente el poder popular: Antes de
cualquier gesto de apertura, consolidar el control comunal sobre alimentos,
medicinas, energía y seguridad local. Un pueblo organizado es la mejor garantía
contra la reiteración del golpismo.
4. Diferenciar niveles de responsabilidad: No es lo mismo un joven cooptado en una guarimba que un operador financiado por agencias extranjeras para desestabilizar el país. La justicia restaurativa exige matices, no amnistías indiscriminadas.
La
lección que Bolívar nos legó no es el rencor, sino la prudencia
El Libertador no nos dejó como herencia el odio. Nos dejó una lección de realismo político: la clemencia sin soberanía consolidada es un boomerang que regresa con mayor violencia.
Chávez perdonó en 2002 movido por una ética revolucionaria admirable. Pero omitió blindar institucionalmente ese perdón. El resultado: siete meses después, el mismo sector orquestó el sabotaje petrolero más grave de nuestra historia republicana.
Hoy, frente a nuevas propuestas de amnistía, no se trata de negar el diálogo. Se trata de recordar que el perdón político no es un acto moral aislado; es una decisión estratégica que debe evaluarse bajo una sola lupa: ¿fortalece o debilita la capacidad del pueblo para defender su soberanía?
Mientras las comunas no controlen efectivamente los recursos de sus territorios, mientras los consejos comunales no tengan poder real sobre la distribución de alimentos y medicinas, mientras el poder popular siga siendo retórica más que materialidad, cualquier amnistía amplia corre el riesgo de convertirse en la antesala de una nueva rebelión —esta vez con el respaldo explícito de un imperio que jamás ha renunciado a sus ambiciones sobre Venezuela.
Bolívar lo advirtió hace dos siglos. Chávez lo experimentó en carne propia en 2002-2003. La historia no nos condena a repetir errores. Pero exige que leamos sus lecciones sin ingenuidad ni dogmatismo. Con la memoria viva y la estrategia despierta.
Porque no se trata de no perdonar. Se trata de perdonar desde
la fuerza, no desde la debilidad. Y esa fuerza solo la construye un pueblo
organizado, con el control de su territorio y su destino en sus propias manos.