Perdón y Poder: Cuando la Clemencia se Convierte en Vulnerabilidad Estratégica

En política, como en guerra, no todas las batallas se libran con fusiles. Algunas se disputan en el terreno más delicado de la memoria histórica. Y es allí, precisamente, donde resuena con escalofriante actualidad una advertencia del Libertador Simón Bolívar, escrita en 1819 desde el exilio de Santa Fe de Bogotá: "La clemencia mal entendida fue una de las causas de la ruina de la Primera República. A cada perdón venía una nueva rebelión, y a esta un nuevo perdón, hasta que agotados los recursos del Estado y la paciencia pública, vino la destrucción inevitable".

Bolívar no condenaba el perdón en sí. Condenaba su aplicación desprovista de garantías estructurales. Y es esa distinción —sutil pero letal— la que hoy nos interpela frente al debate sobre amnistías y reconciliación en Venezuela.

El precedente de 2002: clemencia sin blindaje

El 11 de abril de 2002, tras el golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder, Hugo Chávez optó por una decisión que muchos celebraron como gesto magnánimo: otorgó amnistía a los militares y civiles involucrados en la sublevación. Pedro Carmona, Carlos Ortega, Daniel Romero y decenas de oficiales golpistas recuperaron su libertad sin juicio político ni sanción administrativa.

La lógica era comprensible: evitar la fractura irreversible de las Fuerzas Armadas, tejer unidad nacional, demostrar superioridad moral frente a la venganza. Pero faltó un elemento crucial: mecanismos de contención que impidieran la reiteración del golpismo bajo nuevas formas.

Siete meses después, en diciembre de 2002, ese mismo grupo —reforzado con sectores empresariales y sindicales— orquestó el paro petrolero que paralizó al país durante dos meses. No fue un acto espontáneo: fue una operación coordinada con apoyo logístico y financiero externo, documentada por investigaciones del Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y por testimonios de funcionarios estadounidenses como Roger Noriega, quien admitió en 2005 haber facilitado recursos a la oposición durante ese período.

Luego vinieron los acaparamientos sistemáticos (2006-2008), las guarimbas de 2014 y 2017 —con saldo de más de 130 muertos según la Fiscalía General—, y el intento de ingreso de "ayuda humanitaria" en 2019, que el Tribunal Supremo de Justicia identificó como operación de desestabilización con apoyo de inteligencia extranjera.

 La evidencia está en las redes, sí. Pero también en los archivos del Ministerio Público, en las sentencias del TSJ y en los informes de la Contraloría General que documentan cómo los mismos actores, amnistiados una y otra vez, transitaron del golpe militar al sabotaje económico, de la violencia callejera al asedio diplomático.

Bolívar no temía perdonar; temía perdonar sin soberanía consolidada

Es fundamental no descontextualizar la advertencia bolivariana. Bolívar no era un vengador sediento de sangre. En Angostura (1819) propuso amnistías generales siempre que se acompañaran de:

1. Desarme efectivo de los sectores rebeldes;

2. Reconfiguración institucional que eliminara focos de poder paralelo;

3. Construcción de un ejército patriota leal a la República, no a caudillos locales;

4. Soberanía económica que rompiera la dependencia de élites comerciales aliadas al imperio español.

En otras palabras: Bolívar entendía que el perdón político solo es viable cuando el Estado —y más aún, el poder popular— ha consolidado su capacidad de disuasión. Sin esa base material, la clemencia se convierte en señal de debilidad percibida por el adversario, quien la interpreta no como generosidad, sino como oportunidad para una nueva ofensiva.

El dilema actual: ¿clemencia estratégica o ingenuidad histórica?

Hoy enfrentamos una encrucijada similar. Frente a propuestas de amnistía amplia como vía para "normalizar" relaciones internacionales, debemos formularnos preguntas incómodas pero necesarias:

- ¿Qué garantías institucionales existen para impedir que quienes han promovido golpes, guarimbas y sabotajes económicos —documentados en expedientes judiciales— no repitan esas acciones bajo nuevas modalidades?

- ¿Se ha consolidado el poder popular al punto de constituir un contrapeso material frente a intentos de desestabilización? Las comunas, los consejos comunales, las empresas de producción social: ¿tienen control real sobre recursos estratégicos, circuitos de distribución y seguridad territorial?

- ¿La amnistía actual responde a una posición de fuerza negociadora —como la de Mandela tras 27 años de cárcel y con el ANC fortalecido— o a una posición de debilidad ante presiones externas?

La historia no se repite, decía Marx, pero sí se repite como farsa. Y la farsa más peligrosa sería creer que perdonar sin blindaje estratégico nos conducirá a la reconciliación, cuando la evidencia histórica muestra que conduce a nuevas rebeliones —ahora potenciadas por el respaldo explícito de una potencia que jamás ha ocultado su objetivo de "cambio de régimen" en Venezuela.

 Hacia una clemencia con dientes: el poder popular como condición

No se trata de abogar por el rencor permanente. Se trata de defender una premisa estratégica elemental: la reconciliación genuina solo es posible desde la fortaleza, no desde la vulnerabilidad.

Una amnistía responsable debería cumplir, como mínimo, estos criterios:

1. No ser unilateral: Debe negociarse desde una posición de soberanía consolidada, no como concesión bajo presión.

2. Exigir contrapartidas materiales: Compromisos públicos de no injerencia, desmantelamiento de estructuras paralelas de poder, participación en procesos de verdad con enfoque restaurativo.

3. Fortalecer previamente el poder popular: Antes de cualquier gesto de apertura, consolidar el control comunal sobre alimentos, medicinas, energía y seguridad local. Un pueblo organizado es la mejor garantía contra la reiteración del golpismo.

4. Diferenciar niveles de responsabilidad: No es lo mismo un joven cooptado en una guarimba que un operador financiado por agencias extranjeras para desestabilizar el país. La justicia restaurativa exige matices, no amnistías indiscriminadas.

La lección que Bolívar nos legó no es el rencor, sino la prudencia

El Libertador no nos dejó como herencia el odio. Nos dejó una lección de realismo político: la clemencia sin soberanía consolidada es un boomerang que regresa con mayor violencia. 

Chávez perdonó en 2002 movido por una ética revolucionaria admirable. Pero omitió blindar institucionalmente ese perdón. El resultado: siete meses después, el mismo sector orquestó el sabotaje petrolero más grave de nuestra historia republicana.

Hoy, frente a nuevas propuestas de amnistía, no se trata de negar el diálogo. Se trata de recordar que el perdón político no es un acto moral aislado; es una decisión estratégica que debe evaluarse bajo una sola lupa: ¿fortalece o debilita la capacidad del pueblo para defender su soberanía?

Mientras las comunas no controlen efectivamente los recursos de sus territorios, mientras los consejos comunales no tengan poder real sobre la distribución de alimentos y medicinas, mientras el poder popular siga siendo retórica más que materialidad, cualquier amnistía amplia corre el riesgo de convertirse en la antesala de una nueva rebelión —esta vez con el respaldo explícito de un imperio que jamás ha renunciado a sus ambiciones sobre Venezuela.

Bolívar lo advirtió hace dos siglos. Chávez lo experimentó en carne propia en 2002-2003. La historia no nos condena a repetir errores. Pero exige que leamos sus lecciones sin ingenuidad ni dogmatismo. Con la memoria viva y la estrategia despierta.

Porque no se trata de no perdonar. Se trata de perdonar desde la fuerza, no desde la debilidad. Y esa fuerza solo la construye un pueblo organizado, con el control de su territorio y su destino en sus propias manos.

La doctrina del shock en el corazón del petróleo: la reforma de la Ley de Hidrocarburos como oportunidad para el capital

El 29 de enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Presentada como una medida técnica para “reactivar la producción” y “atraer inversión extranjera”, la reforma introduce cambios profundos: flexibiliza las condiciones económicas de los proyectos, amplía beneficios fiscales y parafiscales, y reduce el control parlamentario sobre los contratos petroleros . En un contexto de crisis energética, escasez de divisas y sanciones internacionales, la medida se vende como la única salida viable.

Pero si miramos con lupa a través de la lente de Naomi Klein, esta reforma no es una simple actualización legal. Es un caso clásico de lo que ella denomina la “doctrina del shock”: la estrategia sistemática de aprovecharse del caos colectivo —ya sea provocado por una guerra, un desastre natural o una crisis económica— para imponer políticas neoliberales que, en tiempos normales, serían rechazadas por la población 

Klein argumenta que el capitalismo del desastre no espera a que las sociedades se recuperen; actúa en el momento preciso de la desorientación, cuando la gente está demasiado ocupada sobreviviendo como para defender sus derechos colectivos. En Venezuela, tras años de bloqueo, sabotaje económico y ahora una agresión militar directa —la Operación Absolute Resolve del 3 de enero—, el país se encuentra en un estado de shock prolongado. Es en ese vacío de certeza donde se introduce una reforma que, lejos de fortalecer la soberanía energética, abre las puertas al control privado y extranjero de nuestro recurso estratégico más importante.

La nueva ley permite la figura de los “Contratos de Participación Productiva”, que otorgan a empresas transnacionales una participación directa en la renta petrolera, algo que la Constitución de 1999 y la legislación anterior habían limitado rigurosamente para preservar el carácter público del subsuelo. Además, al reducir la supervisión parlamentaria, se debilita uno de los pocos mecanismos de rendición de cuentas que quedaban en el sector.

Esto no es “pragmatismo”. Es desposesión estructural disfrazada de urgencia. Porque mientras se nos dice que “no hay otra opción”, se está construyendo un nuevo orden energético en el que el Estado venezolano deja de ser el dueño de su riqueza para convertirse en un socio menor de corporaciones globales.

La doctrina del shock siempre funciona así: primero viene la crisis, luego viene la “solución” que beneficia a los mismos que causaron o explotaron la crisis. Y mientras el pueblo lucha por gasolina, luz y trabajo, se le roba el futuro sin que casi se dé cuenta.

Pero la historia también enseña que el shock no es inevitable. Los pueblos pueden organizarse, resistir y exigir que las soluciones salgan desde abajo, no desde los despachos de consultoras internacionales. Defender la soberanía energética no es un lujo ideológico; es la base material de cualquier proyecto de independencia real.

Porque  como decía el Comandante Chávez, PDVSA es del PUEBLO.

“¿Es que acaso 300 años no bastan?”: Venezuela, faro de la vanguardia antiimperialista

¡Echemos el miedo a la espalda y 

salvemos a la Patria! 

Simón Bolívar

En julio de 1810, en medio de las dudas y temores, Simón Bolívar se alzó con una pregunta que encendió el fuego de la revolución en toda Suramérica: “¿Es que acaso 300 años de calma no bastan?”. No era un llamado a la prisa, sino a la dignidad. Tres siglos de saqueo, esclavitud y humillación bajo el imperio español habían demostrado que la “paz” colonial era solo otra forma de opresión. La verdadera calma, decía Bolívar, solo vendría con la libertad plena.

Hoy, frente a la agresión imperial del 3 de enero de 2026 —cuando Estados Unidos lanzó misiles sobre suelo venezolano, asesinó a cien compatriotas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a la Primera Combatiente Cilia Flores—, esa misma pregunta nos interpela con urgencia histórica. Porque nuevamente se nos exige “calma”, se nos pide “prudencia”, se nos insta a aceptar condiciones que atentan contra nuestra soberanía energética, territorial y popular. Pero ¿qué es esa calma sino una nueva forma de sumisión?

La vanguardia bolivariana no nació para negociar su dignidad. Nació para romper cadenas. Fue esa vanguardia la que, contra todo pronóstico, enfrentó al imperio español con fusiles hechos de esperanza y banderas tejidas con el sudor de los oprimidos. Fue esa vanguardia la que prendió la chispa de la independencia desde Caracas hasta el Alto Perú, convirtiendo a Venezuela en faro de los pueblos oprimidos del mundo.

Y hoy, ese faro sigue encendido. Porque doblegarnos ante el nuevo imperio no sería solo una derrota nacional; sería una traición a todos aquellos que en Palestina, en el Sahel, en el Kurdistán, en los barrios populares del mundo entero, miran a Venezuela como la prueba viviente de que la resistencia es posible. Si nosotros caemos, les decimos al mundo que los colonizadores, los fascistas, los genocidas… han ganado.

Bolívar lo sabía bien. En 1818, al escribirle al coronel John Irvin, afirmó con firmeza: “La mitad de los venezolanos está dispuesta a defender la patria contra el mundo, si este le ofendiera”. Esa mitad no era una cifra estadística; era una declaración de principios. Era la certeza de que, mientras exista un solo venezolano dispuesto a luchar por la soberanía, la patria no estará perdida.

Hoy, esa mitad somos millones. Somos las comunas que organizan la vida sin permiso del FMI. Somos las milicias que custodian la paz con fusil y conciencia. Somos los jóvenes que estudian en las misiones, los campesinos que siembran en tierras recuperadas, las mujeres que defienden sus cuerpos y sus territorios contra el extractivismo y la violencia.

No se trata de elegir entre radicalismo y moderación. Se trata de decidir si seguimos siendo vanguardia o nos convertimos en rehenes de la resignación. Porque si 300 años de imperio español no lograron apagar el fuego de la libertad, ninguna operación militar, sanción o chantaje energético apagará el espíritu de un pueblo que sabe que su destino no está en manos ajenas.

Venezuela no es solo una nación. Es una promesa. Y mientras esa promesa arda, el mundo tendrá luz. 

Reforma petrolera y poder popular: entre los riesgos de la apertura y la urgencia de la autogestión

En medio de una crisis que ha dejado huellas profundas en cada rincón del territorio venezolano —una crisis no nacida del desorden interno, sino forjada en los laboratorios del bloqueo económico, las sanciones unilaterales y la guerra híbrida liderada por la administración de Donald Trump—, el país se enfrenta hoy a una encrucijada silenciosa pero decisiva: la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

No se trata de un debate técnico entre abogados o economistas. Es una cuestión de soberanía, supervivencia y futuro colectivo. Porque detrás de cada artículo de esta propuesta legislativa no solo hay cláusulas jurídicas, sino decisiones que pueden abrir las puertas a una nueva forma de dominación o, por el contrario, reforzar la resistencia del pueblo organizado.

Y es precisamente desde ese pueblo —desde las comunas, desde los consejos comunales, desde los circuitos comunales del poder popular que han mantenido viva la llama de la autogestión en medio del colapso— que debe surgir no solo la crítica, sino la propuesta alternativa.

La trampa de la “seguridad jurídica”

El proyecto de reforma insiste en términos como “seguridad jurídica”, “transparencia contractual” y “arbitraje independiente”. En apariencia, suenan razonables. Pero en la práctica, ¿para quién se garantiza esa seguridad? ¿Acaso el pueblo venezolano ha tenido alguna vez “seguridad jurídica” frente a las corporaciones que han saqueado nuestros recursos durante décadas?

Lo que se ofrece no es protección al interés nacional, sino blindaje legal a capitales extranjeros, incluidos aquellos que podrían operar bajo estructuras opacas o incluso vinculadas a actores sancionados. El artículo que permite a socios minoritarios en empresas mixtas comercializar directamente su cuota de petróleo, abrir cuentas en cualquier moneda y gestionar técnicamente los campos es, en esencia, una cesión funcional del control estatal. La soberanía se reduce a un 51% simbólico, mientras el poder real —la decisión sobre quién vende, a qué precio y con qué ganancias— se traslada fuera de nuestras fronteras.

Peor aún: se abre la puerta a arbitrajes internacionales sin límites claros. Y basta recordar los casos de ConocoPhillips o Crystallex para entender que esos tribunales no defienden la justicia, sino los intereses del capital global.

Más allá de la denuncia: el poder popular necesita recursos reales

Denunciar estos riesgos es necesario, pero insuficiente. El poder popular no puede limitarse a ser un observador crítico; debe convertirse en gestor activo de alternativas soberanas. Y aquí radica una propuesta concreta, viable y profundamente revolucionaria:

Crear un Banco Nacional de las Comunas, financiado directamente por un pozo petrolero asignado a la gestión comunal.

Imaginemos esto: un campo petrolero —pequeño, marginal, pero productivo— cuya renta no alimente burocracias ni se disperse en mecanismos clientelares, sino que fluya directamente a un fondo autogestionado por las comunas. Ese fondo, canalizado a través de un banco comunal público y democrático, permitiría:

• Financiar proyectos agroecológicos, energéticos y de salud en los territorios.
• Desarrollar industrias locales de transformación (alimentos, medicinas, materiales de construcción).
• Crear redes de distribución comunitaria que rompan la dependencia de mercados especulativos.
• Fortalecer la formación técnica y científica desde abajo, con énfasis en energías limpias y soberanía tecnológica.

Este no es un sueño utópico. Ya existen experiencias embrionarias en estados como Anzoátegui, Lara y Carabobo, donde comunas han gestionado pequeños ingresos petroleros con transparencia y eficacia. Lo que falta es escalar esa lógica a nivel nacional, con respaldo legal y acceso directo a la renta.

Un pozo para el pueblo, no para los intermediarios

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 302 que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Pero el patrimonio no es solo del Estado, sino del pueblo organizado. Si el petróleo pertenece a todos, entonces una parte de su renta debe estar bajo la gestión directa de quienes lo defienden día a día: las trabajadoras, los campesinos, las madres comunitarias, los jóvenes en formación.

Asignar un pozo —o una fracción de producción— a un Banco Nacional de las Comunas no viola la ley; al contrario, la profundiza en su espíritu más radical: la transferencia real del poder económico a las bases.

Además, esta propuesta responde estratégicamente a uno de los mayores desafíos del poder popular: la dependencia de fondos estatales discontinuos y politizados. Al tener un flujo de ingresos propio, las comunas podrían planificar a largo plazo, sin depender de ciclos electorales ni de la voluntad de funcionarios.

Alerta, organización y propuesta

• La reforma de la ley de hidrocarburos no es un asunto de pasillos parlamentarios. Es una batalla por el alma del proyecto nacional. Frente a ella, el poder popular no puede permanecer en silencio. Debe alertar, movilizar y proponer.
• Alertar sobre los riesgos de una apertura que, bajo el discurso de la “reactivación”, puede consolidar nuevas formas de dominación.
• Organizar asambleas en cada comuna, en cada barrio, para debatir el contenido de esta ley y exigir transparencia total.
• Y proponer, con audacia y rigor, alternativas como el Banco Nacional de las Comunas, que no solo redistribuyan la renta, sino que la transformen en poder colectivo.

Porque después de años de agresión, bloqueo y sabotaje, Venezuela no necesita más concesiones al capital extranjero. Necesita confiar en su propio pueblo. Y darle los medios para construir, desde abajo, la Venezuela que soñamos.

Un mundo en reordenamiento: la unidad de los pueblos como única defensa ante el nuevo imperialismo

 

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó la Operación Absolute Resolve, una ofensiva militar directa contra Venezuela que incluyó bombardeos, la muerte de aproximadamente cien civiles y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente Cilia Flores. Este acto no fue un desvío táctico ni un exceso aislado. Fue la manifestación concreta de un nuevo orden mundial en formación, uno en el que el derecho internacional ya no es un marco de convivencia, sino un recurso selectivo para los poderosos.

Este reordenamiento se gestó en encuentros estratégicos como la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Aunque los detalles permanecen clasificados, todo indica que allí se sentaron las bases de una repartición global de influencias. Esta hipótesis se refuerza con el mapa publicado por el analista ruso Andrei Martyanov, que divide el planeta en tres zonas de influencia: estadounidense, rusa y china. Lejos de contradecir la multipolaridad, este esquema la institucionaliza —pero bajo lógicas de poder real, no de normas jurídicas universales.

La confirmación de esta nueva era llegó en cadena: el alto al fuego en Gaza del 10 de octubre de 2025, mediado por potencias emergentes; la disolución progresiva de estructuras occidentales como el G7 y la inminente transformación de la OTAN, cuya responsabilidad convencional en Europa deberá ser asumida íntegramente por los europeos para 2027, según exigencias explícitas del Pentágono. Incluso la Unión Europea enfrenta una crisis existencial, acelerada por decisiones como la firma del acuerdo comercial con el MERCOSUR el 17 de enero de 2026, que ha generado fuertes rechazos en países como Francia, Polonia y Hungría, cuyos campesinos ven sacrificados sus intereses en nombre de la industria alemana.

En este panorama, las alianzas regionales cobran protagonismo. La Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), liderada por el Reino Unido e integrada por diez naciones nórdicas y bálticas —Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el propio Reino Unido— , emerge como una mini-OTAN postatlántica. En Europa Central, la Iniciativa de los Tres Mares —con 13 países desde Austria hasta Chequia— busca forjar una federación intermarium entre Alemania y Rusia, reviviendo viejos sueños geopolíticos polacos.

Mientras tanto, en África, la Alianza de los Estados del Sahel (AES) —Burkina Faso, Malí y Níger— se consolida con apoyo explícito de China y Rusia, rechazando la tutela occidental y avanzando hacia una confederación soberana. En contraste, América Latina se fragmenta: el ALBA pierde cohesión, mientras una nueva coalición encabezada por Argentina y Chile se alinea con Washington.

Ante este escenario, la izquierda popular no puede seguir atrapada en debates identitarios o en críticas internas que solo debilitan la resistencia. La lección del 3 de enero es clara: el imperio no distingue entre “buenos” y “malos” gobiernos de izquierda. Solo reconoce obstáculos. Y los elimina.

La unidad de los pueblos —más allá de fronteras, ideologías menores o lealtades burocráticas— es ahora la única estrategia viable. Porque si el viejo orden se desmorona y el nuevo aún no ha nacido, los monstruos no surgirán solo en los palacios del poder, sino también en la desunión de quienes deberían ser hermanos en la lucha.

El reto no es esperar un nuevo sistema de Naciones Unidas reformado, sino construir uno desde abajo desde las  redes de solidaridad progresistas y los pueblos.