Reforma petrolera y poder popular: entre los riesgos de la apertura y la urgencia de la autogestión

En medio de una crisis que ha dejado huellas profundas en cada rincón del territorio venezolano —una crisis no nacida del desorden interno, sino forjada en los laboratorios del bloqueo económico, las sanciones unilaterales y la guerra híbrida liderada por la administración de Donald Trump—, el país se enfrenta hoy a una encrucijada silenciosa pero decisiva: la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

No se trata de un debate técnico entre abogados o economistas. Es una cuestión de soberanía, supervivencia y futuro colectivo. Porque detrás de cada artículo de esta propuesta legislativa no solo hay cláusulas jurídicas, sino decisiones que pueden abrir las puertas a una nueva forma de dominación o, por el contrario, reforzar la resistencia del pueblo organizado.

Y es precisamente desde ese pueblo —desde las comunas, desde los consejos comunales, desde los circuitos comunales del poder popular que han mantenido viva la llama de la autogestión en medio del colapso— que debe surgir no solo la crítica, sino la propuesta alternativa.

La trampa de la “seguridad jurídica”

El proyecto de reforma insiste en términos como “seguridad jurídica”, “transparencia contractual” y “arbitraje independiente”. En apariencia, suenan razonables. Pero en la práctica, ¿para quién se garantiza esa seguridad? ¿Acaso el pueblo venezolano ha tenido alguna vez “seguridad jurídica” frente a las corporaciones que han saqueado nuestros recursos durante décadas?

Lo que se ofrece no es protección al interés nacional, sino blindaje legal a capitales extranjeros, incluidos aquellos que podrían operar bajo estructuras opacas o incluso vinculadas a actores sancionados. El artículo que permite a socios minoritarios en empresas mixtas comercializar directamente su cuota de petróleo, abrir cuentas en cualquier moneda y gestionar técnicamente los campos es, en esencia, una cesión funcional del control estatal. La soberanía se reduce a un 51% simbólico, mientras el poder real —la decisión sobre quién vende, a qué precio y con qué ganancias— se traslada fuera de nuestras fronteras.

Peor aún: se abre la puerta a arbitrajes internacionales sin límites claros. Y basta recordar los casos de ConocoPhillips o Crystallex para entender que esos tribunales no defienden la justicia, sino los intereses del capital global.

Más allá de la denuncia: el poder popular necesita recursos reales

Denunciar estos riesgos es necesario, pero insuficiente. El poder popular no puede limitarse a ser un observador crítico; debe convertirse en gestor activo de alternativas soberanas. Y aquí radica una propuesta concreta, viable y profundamente revolucionaria:

Crear un Banco Nacional de las Comunas, financiado directamente por un pozo petrolero asignado a la gestión comunal.

Imaginemos esto: un campo petrolero —pequeño, marginal, pero productivo— cuya renta no alimente burocracias ni se disperse en mecanismos clientelares, sino que fluya directamente a un fondo autogestionado por las comunas. Ese fondo, canalizado a través de un banco comunal público y democrático, permitiría:

• Financiar proyectos agroecológicos, energéticos y de salud en los territorios.
• Desarrollar industrias locales de transformación (alimentos, medicinas, materiales de construcción).
• Crear redes de distribución comunitaria que rompan la dependencia de mercados especulativos.
• Fortalecer la formación técnica y científica desde abajo, con énfasis en energías limpias y soberanía tecnológica.

Este no es un sueño utópico. Ya existen experiencias embrionarias en estados como Anzoátegui, Lara y Carabobo, donde comunas han gestionado pequeños ingresos petroleros con transparencia y eficacia. Lo que falta es escalar esa lógica a nivel nacional, con respaldo legal y acceso directo a la renta.

Un pozo para el pueblo, no para los intermediarios

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 302 que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Pero el patrimonio no es solo del Estado, sino del pueblo organizado. Si el petróleo pertenece a todos, entonces una parte de su renta debe estar bajo la gestión directa de quienes lo defienden día a día: las trabajadoras, los campesinos, las madres comunitarias, los jóvenes en formación.

Asignar un pozo —o una fracción de producción— a un Banco Nacional de las Comunas no viola la ley; al contrario, la profundiza en su espíritu más radical: la transferencia real del poder económico a las bases.

Además, esta propuesta responde estratégicamente a uno de los mayores desafíos del poder popular: la dependencia de fondos estatales discontinuos y politizados. Al tener un flujo de ingresos propio, las comunas podrían planificar a largo plazo, sin depender de ciclos electorales ni de la voluntad de funcionarios.

Alerta, organización y propuesta

• La reforma de la ley de hidrocarburos no es un asunto de pasillos parlamentarios. Es una batalla por el alma del proyecto nacional. Frente a ella, el poder popular no puede permanecer en silencio. Debe alertar, movilizar y proponer.
• Alertar sobre los riesgos de una apertura que, bajo el discurso de la “reactivación”, puede consolidar nuevas formas de dominación.
• Organizar asambleas en cada comuna, en cada barrio, para debatir el contenido de esta ley y exigir transparencia total.
• Y proponer, con audacia y rigor, alternativas como el Banco Nacional de las Comunas, que no solo redistribuyan la renta, sino que la transformen en poder colectivo.

Porque después de años de agresión, bloqueo y sabotaje, Venezuela no necesita más concesiones al capital extranjero. Necesita confiar en su propio pueblo. Y darle los medios para construir, desde abajo, la Venezuela que soñamos.