El 29 de enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Presentada como una medida técnica para “reactivar la producción” y “atraer inversión extranjera”, la reforma introduce cambios profundos: flexibiliza las condiciones económicas de los proyectos, amplía beneficios fiscales y parafiscales, y reduce el control parlamentario sobre los contratos petroleros . En un contexto de crisis energética, escasez de divisas y sanciones internacionales, la medida se vende como la única salida viable.
Pero si miramos con lupa a través de la lente de Naomi Klein, esta reforma no es una simple actualización legal. Es un caso clásico de lo que ella denomina la “doctrina del shock”: la estrategia sistemática de aprovecharse del caos colectivo —ya sea provocado por una guerra, un desastre natural o una crisis económica— para imponer políticas neoliberales que, en tiempos normales, serían rechazadas por la población
Klein argumenta que el capitalismo del desastre no espera a que las sociedades se recuperen; actúa en el momento preciso de la desorientación, cuando la gente está demasiado ocupada sobreviviendo como para defender sus derechos colectivos. En Venezuela, tras años de bloqueo, sabotaje económico y ahora una agresión militar directa —la Operación Absolute Resolve del 3 de enero—, el país se encuentra en un estado de shock prolongado. Es en ese vacío de certeza donde se introduce una reforma que, lejos de fortalecer la soberanía energética, abre las puertas al control privado y extranjero de nuestro recurso estratégico más importante.
La nueva ley permite la figura de los “Contratos de Participación Productiva”, que otorgan a empresas transnacionales una participación directa en la renta petrolera, algo que la Constitución de 1999 y la legislación anterior habían limitado rigurosamente para preservar el carácter público del subsuelo. Además, al reducir la supervisión parlamentaria, se debilita uno de los pocos mecanismos de rendición de cuentas que quedaban en el sector.
Esto no es “pragmatismo”. Es desposesión estructural disfrazada de urgencia. Porque mientras se nos dice que “no hay otra opción”, se está construyendo un nuevo orden energético en el que el Estado venezolano deja de ser el dueño de su riqueza para convertirse en un socio menor de corporaciones globales.
La doctrina del shock siempre funciona así: primero viene la crisis, luego viene la “solución” que beneficia a los mismos que causaron o explotaron la crisis. Y mientras el pueblo lucha por gasolina, luz y trabajo, se le roba el futuro sin que casi se dé cuenta.
Pero la historia también enseña que el shock no es inevitable. Los pueblos pueden organizarse, resistir y exigir que las soluciones salgan desde abajo, no desde los despachos de consultoras internacionales. Defender la soberanía energética no es un lujo ideológico; es la base material de cualquier proyecto de independencia real.
Porque como decía el Comandante Chávez, PDVSA es del PUEBLO.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario