“¿Es que acaso 300 años no bastan?”: Venezuela, faro de la vanguardia antiimperialista

¡Echemos el miedo a la espalda y 

salvemos a la Patria! 

Simón Bolívar

En julio de 1810, en medio de las dudas y temores, Simón Bolívar se alzó con una pregunta que encendió el fuego de la revolución en toda Suramérica: “¿Es que acaso 300 años de calma no bastan?”. No era un llamado a la prisa, sino a la dignidad. Tres siglos de saqueo, esclavitud y humillación bajo el imperio español habían demostrado que la “paz” colonial era solo otra forma de opresión. La verdadera calma, decía Bolívar, solo vendría con la libertad plena.

Hoy, frente a la agresión imperial del 3 de enero de 2026 —cuando Estados Unidos lanzó misiles sobre suelo venezolano, asesinó a cien compatriotas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a la Primera Combatiente Cilia Flores—, esa misma pregunta nos interpela con urgencia histórica. Porque nuevamente se nos exige “calma”, se nos pide “prudencia”, se nos insta a aceptar condiciones que atentan contra nuestra soberanía energética, territorial y popular. Pero ¿qué es esa calma sino una nueva forma de sumisión?

La vanguardia bolivariana no nació para negociar su dignidad. Nació para romper cadenas. Fue esa vanguardia la que, contra todo pronóstico, enfrentó al imperio español con fusiles hechos de esperanza y banderas tejidas con el sudor de los oprimidos. Fue esa vanguardia la que prendió la chispa de la independencia desde Caracas hasta el Alto Perú, convirtiendo a Venezuela en faro de los pueblos oprimidos del mundo.

Y hoy, ese faro sigue encendido. Porque doblegarnos ante el nuevo imperio no sería solo una derrota nacional; sería una traición a todos aquellos que en Palestina, en el Sahel, en el Kurdistán, en los barrios populares del mundo entero, miran a Venezuela como la prueba viviente de que la resistencia es posible. Si nosotros caemos, les decimos al mundo que los colonizadores, los fascistas, los genocidas… han ganado.

Bolívar lo sabía bien. En 1818, al escribirle al coronel John Irvin, afirmó con firmeza: “La mitad de los venezolanos está dispuesta a defender la patria contra el mundo, si este le ofendiera”. Esa mitad no era una cifra estadística; era una declaración de principios. Era la certeza de que, mientras exista un solo venezolano dispuesto a luchar por la soberanía, la patria no estará perdida.

Hoy, esa mitad somos millones. Somos las comunas que organizan la vida sin permiso del FMI. Somos las milicias que custodian la paz con fusil y conciencia. Somos los jóvenes que estudian en las misiones, los campesinos que siembran en tierras recuperadas, las mujeres que defienden sus cuerpos y sus territorios contra el extractivismo y la violencia.

No se trata de elegir entre radicalismo y moderación. Se trata de decidir si seguimos siendo vanguardia o nos convertimos en rehenes de la resignación. Porque si 300 años de imperio español no lograron apagar el fuego de la libertad, ninguna operación militar, sanción o chantaje energético apagará el espíritu de un pueblo que sabe que su destino no está en manos ajenas.

Venezuela no es solo una nación. Es una promesa. Y mientras esa promesa arda, el mundo tendrá luz. 

Reforma petrolera y poder popular: entre los riesgos de la apertura y la urgencia de la autogestión

En medio de una crisis que ha dejado huellas profundas en cada rincón del territorio venezolano —una crisis no nacida del desorden interno, sino forjada en los laboratorios del bloqueo económico, las sanciones unilaterales y la guerra híbrida liderada por la administración de Donald Trump—, el país se enfrenta hoy a una encrucijada silenciosa pero decisiva: la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

No se trata de un debate técnico entre abogados o economistas. Es una cuestión de soberanía, supervivencia y futuro colectivo. Porque detrás de cada artículo de esta propuesta legislativa no solo hay cláusulas jurídicas, sino decisiones que pueden abrir las puertas a una nueva forma de dominación o, por el contrario, reforzar la resistencia del pueblo organizado.

Y es precisamente desde ese pueblo —desde las comunas, desde los consejos comunales, desde los circuitos comunales del poder popular que han mantenido viva la llama de la autogestión en medio del colapso— que debe surgir no solo la crítica, sino la propuesta alternativa.

La trampa de la “seguridad jurídica”

El proyecto de reforma insiste en términos como “seguridad jurídica”, “transparencia contractual” y “arbitraje independiente”. En apariencia, suenan razonables. Pero en la práctica, ¿para quién se garantiza esa seguridad? ¿Acaso el pueblo venezolano ha tenido alguna vez “seguridad jurídica” frente a las corporaciones que han saqueado nuestros recursos durante décadas?

Lo que se ofrece no es protección al interés nacional, sino blindaje legal a capitales extranjeros, incluidos aquellos que podrían operar bajo estructuras opacas o incluso vinculadas a actores sancionados. El artículo que permite a socios minoritarios en empresas mixtas comercializar directamente su cuota de petróleo, abrir cuentas en cualquier moneda y gestionar técnicamente los campos es, en esencia, una cesión funcional del control estatal. La soberanía se reduce a un 51% simbólico, mientras el poder real —la decisión sobre quién vende, a qué precio y con qué ganancias— se traslada fuera de nuestras fronteras.

Peor aún: se abre la puerta a arbitrajes internacionales sin límites claros. Y basta recordar los casos de ConocoPhillips o Crystallex para entender que esos tribunales no defienden la justicia, sino los intereses del capital global.

Más allá de la denuncia: el poder popular necesita recursos reales

Denunciar estos riesgos es necesario, pero insuficiente. El poder popular no puede limitarse a ser un observador crítico; debe convertirse en gestor activo de alternativas soberanas. Y aquí radica una propuesta concreta, viable y profundamente revolucionaria:

Crear un Banco Nacional de las Comunas, financiado directamente por un pozo petrolero asignado a la gestión comunal.

Imaginemos esto: un campo petrolero —pequeño, marginal, pero productivo— cuya renta no alimente burocracias ni se disperse en mecanismos clientelares, sino que fluya directamente a un fondo autogestionado por las comunas. Ese fondo, canalizado a través de un banco comunal público y democrático, permitiría:

• Financiar proyectos agroecológicos, energéticos y de salud en los territorios.
• Desarrollar industrias locales de transformación (alimentos, medicinas, materiales de construcción).
• Crear redes de distribución comunitaria que rompan la dependencia de mercados especulativos.
• Fortalecer la formación técnica y científica desde abajo, con énfasis en energías limpias y soberanía tecnológica.

Este no es un sueño utópico. Ya existen experiencias embrionarias en estados como Anzoátegui, Lara y Carabobo, donde comunas han gestionado pequeños ingresos petroleros con transparencia y eficacia. Lo que falta es escalar esa lógica a nivel nacional, con respaldo legal y acceso directo a la renta.

Un pozo para el pueblo, no para los intermediarios

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 302 que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Pero el patrimonio no es solo del Estado, sino del pueblo organizado. Si el petróleo pertenece a todos, entonces una parte de su renta debe estar bajo la gestión directa de quienes lo defienden día a día: las trabajadoras, los campesinos, las madres comunitarias, los jóvenes en formación.

Asignar un pozo —o una fracción de producción— a un Banco Nacional de las Comunas no viola la ley; al contrario, la profundiza en su espíritu más radical: la transferencia real del poder económico a las bases.

Además, esta propuesta responde estratégicamente a uno de los mayores desafíos del poder popular: la dependencia de fondos estatales discontinuos y politizados. Al tener un flujo de ingresos propio, las comunas podrían planificar a largo plazo, sin depender de ciclos electorales ni de la voluntad de funcionarios.

Alerta, organización y propuesta

• La reforma de la ley de hidrocarburos no es un asunto de pasillos parlamentarios. Es una batalla por el alma del proyecto nacional. Frente a ella, el poder popular no puede permanecer en silencio. Debe alertar, movilizar y proponer.
• Alertar sobre los riesgos de una apertura que, bajo el discurso de la “reactivación”, puede consolidar nuevas formas de dominación.
• Organizar asambleas en cada comuna, en cada barrio, para debatir el contenido de esta ley y exigir transparencia total.
• Y proponer, con audacia y rigor, alternativas como el Banco Nacional de las Comunas, que no solo redistribuyan la renta, sino que la transformen en poder colectivo.

Porque después de años de agresión, bloqueo y sabotaje, Venezuela no necesita más concesiones al capital extranjero. Necesita confiar en su propio pueblo. Y darle los medios para construir, desde abajo, la Venezuela que soñamos.

Un mundo en reordenamiento: la unidad de los pueblos como única defensa ante el nuevo imperialismo

 

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó la Operación Absolute Resolve, una ofensiva militar directa contra Venezuela que incluyó bombardeos, la muerte de aproximadamente cien civiles y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente Cilia Flores. Este acto no fue un desvío táctico ni un exceso aislado. Fue la manifestación concreta de un nuevo orden mundial en formación, uno en el que el derecho internacional ya no es un marco de convivencia, sino un recurso selectivo para los poderosos.

Este reordenamiento se gestó en encuentros estratégicos como la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Aunque los detalles permanecen clasificados, todo indica que allí se sentaron las bases de una repartición global de influencias. Esta hipótesis se refuerza con el mapa publicado por el analista ruso Andrei Martyanov, que divide el planeta en tres zonas de influencia: estadounidense, rusa y china. Lejos de contradecir la multipolaridad, este esquema la institucionaliza —pero bajo lógicas de poder real, no de normas jurídicas universales.

La confirmación de esta nueva era llegó en cadena: el alto al fuego en Gaza del 10 de octubre de 2025, mediado por potencias emergentes; la disolución progresiva de estructuras occidentales como el G7 y la inminente transformación de la OTAN, cuya responsabilidad convencional en Europa deberá ser asumida íntegramente por los europeos para 2027, según exigencias explícitas del Pentágono. Incluso la Unión Europea enfrenta una crisis existencial, acelerada por decisiones como la firma del acuerdo comercial con el MERCOSUR el 17 de enero de 2026, que ha generado fuertes rechazos en países como Francia, Polonia y Hungría, cuyos campesinos ven sacrificados sus intereses en nombre de la industria alemana.

En este panorama, las alianzas regionales cobran protagonismo. La Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), liderada por el Reino Unido e integrada por diez naciones nórdicas y bálticas —Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el propio Reino Unido— , emerge como una mini-OTAN postatlántica. En Europa Central, la Iniciativa de los Tres Mares —con 13 países desde Austria hasta Chequia— busca forjar una federación intermarium entre Alemania y Rusia, reviviendo viejos sueños geopolíticos polacos.

Mientras tanto, en África, la Alianza de los Estados del Sahel (AES) —Burkina Faso, Malí y Níger— se consolida con apoyo explícito de China y Rusia, rechazando la tutela occidental y avanzando hacia una confederación soberana. En contraste, América Latina se fragmenta: el ALBA pierde cohesión, mientras una nueva coalición encabezada por Argentina y Chile se alinea con Washington.

Ante este escenario, la izquierda popular no puede seguir atrapada en debates identitarios o en críticas internas que solo debilitan la resistencia. La lección del 3 de enero es clara: el imperio no distingue entre “buenos” y “malos” gobiernos de izquierda. Solo reconoce obstáculos. Y los elimina.

La unidad de los pueblos —más allá de fronteras, ideologías menores o lealtades burocráticas— es ahora la única estrategia viable. Porque si el viejo orden se desmorona y el nuevo aún no ha nacido, los monstruos no surgirán solo en los palacios del poder, sino también en la desunión de quienes deberían ser hermanos en la lucha.

El reto no es esperar un nuevo sistema de Naciones Unidas reformado, sino construir uno desde abajo desde las  redes de solidaridad progresistas y los pueblos.

No fue una incursión: fue una invasión. El 3 de enero y la guerra abierta contra Venezuela

El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. 

Y en ese claroscuro sugen los monstruos

Antonio Gramsci

En las primeras horas del 3 de enero de 2026, mientras el mundo aún despertaba a un año marcado por tensiones globales, Estados Unidos ejecutó una operación militar directa sobre suelo venezolano: lanzó misiles contra zonas civiles, asesinó a cerca de cien personas y secuestró al presidente Nicolás Maduro junto a la Primera Combatiente Cilia Flores. Los medios hegemónicos, fieles a su rol ideológico, hablaron de “incursión”, “operativo quirúrgico” o “acción de precisión”. Pero el lenguaje no puede ocultar lo que el derecho internacional sí condena: fue una invasión. Y más aún: fue la confirmación de que el orden mundial nacido en 1945 ha entrado en su fase de descomposición terminal.

Antonio Gramsci escribió en sus Cuadernos de la cárcel: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Hoy, esos monstruos no son metáforas. Son drones, portaaviones, bases militares extraterritoriales y decisiones presidenciales que desconocen la Carta de las Naciones Unidas, el principio de no intervención, la soberanía de los pueblos y hasta el más elemental respeto por la vida humana. La invasión a Venezuela no es un episodio aislado; es la lógica inevitable de un sistema que, al perder su capacidad de hegemonía consensuada, recurre a la pura coerción.

El orden de posguerra —con sus instituciones, sus normas, su discurso de “paz y cooperación”— siempre fue hipócrita. Sirvió para legitimar la dominación del capital imperial bajo la máscara del multilateralismo. Pero incluso esa máscara se ha caído. Ya no se negocia sanciones en el Consejo de Seguridad; se bombardea sin declaración de guerra. Ya no se impone un golpe mediante la CIA en las sombras; se secuestra a un jefe de Estado en pleno siglo XXI, como si el derecho internacional fuera un papel mojado. Esto no es “caos”. Es la ley de la selva elevada a doctrina de Estado.

Frente a este colapso, la izquierda no puede limitarse a denunciar. Debe responder con claridad estratégica y construcción popular. Porque si el viejo mundo agoniza, el nuevo no aparecerá por generación espontánea. Surgirá —o no surgirá— según la capacidad de los pueblos de organizarse, defenderse y crear alternativas desde abajo. En Venezuela, eso significa reforzar los consejos comunales, las Unidades milicianas comunales, las redes de soberanía alimentaria y energética, y la unidad antiimperialista continental. Significa entender que la defensa de la patria no es un lema retórico, sino una tarea material de poder popular.

Los monstruos están aquí. Pero también está la luz del amanecer del 3 de enero: no como promesa pasiva, sino como llamado a la acción. Porque mientras el imperio apuesta por el miedo, el pueblo apuesta por la organización. Y en esa diferencia reside toda la historia por venir.

El enemigo interno

Debemos ser plenamente conscientes de quién es el enemigo. Hoy, esos son precisamente quienes, en 2002, causaron daños irreparables a nuestra principal industria petrolera y a toda nuestra economía. Esos mismos actores ahora se visten de ovejas y pretenden mostrarse como  defensores de la paz; hoy prometen villas y castillos, hablan de tolerancia, sin embargo son los mismos que generaron y apoyaron las guarimbas, sanciones internacionales y desabastecimiento. Ahora, cínicamente, solicitan nuestro voto y apoyo para alcanzar cargos políticos.

Este colectivo de trabajadores petroleros debe constituirse en vanguardia y bloque histórico. Aquí debemos impulsar un debate crítico y dialéctico con toda la irreverencia que nos caracteriza, pero siempre desde la lealtad y dentro de la Revolución. Quienes creen que la oposición, en un supuesto hipotético en el que llegara al poder, podrá resolver nuestros problemas están profundamente equivocados. La historia ha demostrado claramente cuáles serían sus acciones: retroceso, traición y entrega del país a los intereses foráneos.

Debemos continuar organizándonos para garantizar y defender nuestros derechos y beneficios conquistados tras años de esfuerzo en esta noble e importante industria. Solo dentro de la Revolución, con todas sus contradicciones, podemos avanzar hacia el logro de nuestras justas aspiraciones.

Bendiciones cordiales,  

¡Chávez vive en el pueblo organizado!